Bukele decreta estado de emergencia en El Salvador y endurece medidas
El presidente declaró estado de emergencia en todo el territorio y los opositores salieron a cruzarlo.
El presidente endurece medidas contra el coronavirus. (Foto: Getty)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado un estado de emergencia nacional para frenar el avance del COVID-19, amparado en una ley que se lo permite si el Congreso no puede reunirse, medida que fue catalogada por diputados y analistas como un "desconocimiento" del Congreso.
La declaración se hizo de medianoche frente al vencimiento este sábado del estado de emergencia decretado desde mediados de marzo por el Congreso, que tenía previsto discutir y votar la medida nuevamente la tarde del lunes, y ante el posible colapso del sistema sanitario.
En una inesperada conferencia de prensa, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció que "el señor presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia" sin cambiar "una coma" de lo aprobado por los diputados. Aseguró que con esta acción se evita un "limbo jurídico" y se mantiene la suspensión de clases y espectáculos públicos, una moratoria para el pago de servicios básicos y la "estabilidad laboral" de los ciudadanos.
Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país, han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2020
¿Se le impedirá por primera vez, a un Presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?
El Gobierno estableció este estado de emergencia pese a la vigencia de una ley de cuarentena domiciliar obligatoria. Castro dijo que el estado de emergencia también es necesario porque faculta un manejo expedito de los fondos para atender la pandemia, sin necesidad de pasar lo filtros establecidos.
Un grupo de organizaciones humanitarias aseguraron mediante un comunicado de prensa que la medida del Gobierno es "nula" y llamaron a la Fiscalía a promover una investigación contra los funcionarios del Ejecutivo por la supuesta "alteración del orden constitucional".
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