Un juez federal en Torreón ordenó la captura de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Grupo Orlegi y dueño del Santos Laguna donde juega el hondureño Antony ‘Choco’ Lozano.
El motivo de la orden es debido a una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos.
A Irarragorri se le ha declarado prófugo de la justicia por no presentarse a una audiencia programada.
Ahora las autoridades lo buscan para detenerlo, Alejandro enfrenta cargos por irregularidades fiscales en el pago de salarios a jugadores de Santos Laguna entre enero y julio de 2017.
Postura del Santos Laguna
En relación a la información que circula acerca de la situación jurídica del Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez, Santos Laguna manifiesta lo siguiente:
Son principios rectores de la justicia mexicana -y de la universal- el debido proceso y la presunción de inocencia.
La presunta orden de aprehensión a la que se refieren algunos medios de comunicación se habría dictado por una supuesta inasistencia del Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez a una audiencia convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila, relacionada con un caso judicial al Club Santos Laguna.
El jueves 20 de marzo se celebró una audiencia virtual a la que se acudió en tiempo y forma. Sorpresivamente, el Juez, mientras se llevaba a cabo, decidió cancelarla y emplazó, sin cumplir con los tiempos marcados por la ley, a otra para el lunes 24 de marzo.
Cabe señalar que el Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta no asistencia de ninguna manera daría motivo para que el Juez dictara medidas cautelares.
Club Santos Laguna reitera su plena convicción de que ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables, y rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal -que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal.
Club Santos Laguna reitera que hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial.