El ambiente se caldea en la recta final del campeonato nacional, y esta vez el epicentro del conflicto está entre la Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. El presidente del club porteño, Héctor Trejos, denunció públicamente una solicitud de los rojinegros que ha encendido la indignación no solo entre los seguidores del “Puerto”, sino entre buena parte de la afición costarricense.
¿Cuál es la petición que hizo Alajuelense?
Según reveló Trejos este miércoles, la dirigencia manuda presentó una solicitud ante la UNAFUT para que Puntarenas FC cubra los gastos de transporte y alimentación del equipo rojinegro de cara al partido del próximo domingo, que se disputará en el estadio Chorotega de Nicoya. Puntarenas eligió esta sede debido a la no disponibilidad de su estadio habitual, el Lito Pérez.
Alajuelense basa su exigencia en el artículo 66 del Reglamento de Competición de la UNAFUT, que establece que si un club cambia su sede a un estadio ubicado a más de 20 kilómetros del originalmente inscrito, debe asumir ciertos gastos del equipo visitante. El punto en disputa radica en si la situación aplica como caso de “fuerza mayor”, una condición clave para validar ese cambio sin costos adicionales.
¿Legal pero antideportivo?
Aunque la solicitud de Alajuelense se encuentra respaldada por una interpretación literal del reglamento, el contexto genera dudas sobre la intención real de los rojinegros. Para muchos, el gesto evidencia una estrategia administrativa para incomodar o presionar al rival en lugar de centrarse en el rendimiento deportivo.
Alajuelense quiere que Puntarenas le pague los gastos.
“Nos sorprende que un club como Alajuelense esté apelando a este tipo de recursos. No parece una medida justa, ni acorde con el espíritu deportivo que debería imperar en estas instancias del torneo”, expresó Trejos con evidente molestia. La directiva porteña espera que la UNAFUT actúe con sensatez y mantenga la programación del partido sin imponerle gastos extra al club naranja.
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¿Qué decidirá la UNAFUT?
El Comité de Competición tiene ahora la responsabilidad de analizar el caso y decidir si aplica la normativa en favor del reclamo de Alajuelense o si lo desestima considerando las circunstancias excepcionales que llevaron a Puntarenas a cambiar de sede.
